Principales delitos informáticos y cómo están penados por la ley española

Como ha sucedido en muchos ámbitos, la irrupción de Internet ha provocado que productos tradicionales encuentren nuevos canales de distribución. Así sucede con las creaciones musicales, cuya evolución en las últimas tres décadas las ha hecho pasar del vinilo al CD y después al ámbito digital, variando las reglas del negocio y las formas de distribuir música.

De forma muy parecida ha ocurrido con la actividad delictiva, que ha encontrando en la Red un mundo nuevo para instalarse y expandirse. Asimismo, ha provocado el debate de los juristas, quienes no consiguen ponerse de acuerdo en torno a si lo que se afronta son nuevos delitos o son delitos tradicionales que ahora se cometen aprovechando las nuevas tecnologías. Esta dicotomía ha conllevado que en el Código Penal español no exista una ley específica con respecto a lo que se conoce como delitos informáticos y sí, en cambio, muchas referencias a posibles delitos que se pueden lleva a cabo de forma telemática pero que ya están referenciados en otras normativas.

Sin duda, lo que sí se ha modificado sustancialmente ha sido la forma de investigar este tipo de delitos. Por ello, desde los cuerpos de seguridad que se dedican a la investigación clasifican como delitos informáticos aquellos que se cometen “a través del medio telemático” y que, para ser probados, se sostienen en la “prueba informática”.

Los delitos informáticos que se investigan en España se dividen en cuatro grupos y tienen que ver con las acciones que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; la falsificación y el fraude informático; la producción, distribución y tenencia de contenidos de pornografía infantil y las infracciones referidas a la propiedad intelectual.

No obstante, el avance de la implantación de Internet, basado en un mayor ancho de banda y en un mayor número de hogares conectados, y el éxito de las redes sociales ha ido ampliando los objetivos de los investigadores, que ven cómo poco a poco aparecen nuevas conductas delictivas. Entre ellas destacan conductas como el acoso a menores en la Red o las amenazas a través de Internet, que se configura como un medio excelente para ello, pues quienes las llevan a cabo se amparan generalmente en el anonimato.

En cuanto a las penas, varían dependiendo de la gravedad del delito. Aquellas conductas que atentan contra la confidencialidad (por ejemplo, la interceptación del correo electrónico o los datos informáticos) pueden oscilar entre uno y cuatro años de cárcel, además de multas de 12 a 24 meses. Asimismo, la destrucción o el daño ocasionado a programas o documentos electrónicos se castiga con prisión de uno a tres años.

Por su parte, las penas por fraude informático, como las estafas, dependen de las cuantías defraudadas, pero a partir de 400 euros se establece pena de prisión de seis meses a tres años. Asimismo, las defraudaciones cometidas utilizando medios telemáticos, por ejemplo, del fluido eléctrico, se castigan con multas de tres a 12 meses, siempre que su valor supere los 400 euros. Similar condena tienen aquellos que utilizan un terminal de telecomunicación sin consentimiento del titular y le ocasionan un perjuicio superior a 400 euros.

La difusión o venta de material pornográfico entre menores de edad se castiga con de seis meses a un año de prisión o multa de 12 a 24 meses, mientras que la captación de menores de edad con fines pornográficos y la producción y difusión de dicho material debe afrontar penas de prisión de uno a cinco años. Estas penas pueden agravarse, alcanzando los nueve años de prisión en caso de que los hechos revistan especial gravedad o acciones degradantes.

Por último, los delitos relacionados con la propiedad intelectual se castigan con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años, además de multas de 12 a 24 meses.

Copyright 2017